Un Plan Marshall para Cuba

 Por Atilio A. Boron *

En estos días, Cuba se enfrenta a un dilema de hierro: o actualiza, revisa y reconstruye su modelo económico o la revolución corre el serio riesgo de sucumbir ante la presión combinada de sus propios errores y las agresiones del bloqueo norteamericano. Los países de América latina y el Caribe, así como la casi totalidad de los de Africa y Asia, no pueden permanecer indiferentes ante esta situación o limitarse a contemplar cómo la revolución libra, sin otra ayuda que sus propias fuerzas, esta decisiva batalla.
Pero el apoyo no puede ser meramente declarativo. Eso está bien, pero es insuficiente. Cuba necesita algo más: concretamente, que sus acreedores, especialmente cuando ellos son países de América latina y el Caribe, anulen la deuda externa cubana. Argentina es el mayor de esos acreedores –por un préstamo otorgado por el gobierno de Héctor Cámpora y su ministro de Economía, José B. Gelbard, en 1973– y que el ex canciller del presidente Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, renegociara proponiendo una quita del 50 por ciento de su monto, que si se suman el capital y los intereses acumulados en la actualidad ascendería aproximadamente a unos 1800 millones de dólares.
Para esa misma época su colega de gabinete, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, proponía a los acreedores de la Argentina una quita del 75 por ciento sobre el valor nominal de la deuda defaulteada con el derrumbe de la convertibilidad en diciembre de 2001. Como es bien sabido, este país finalmente logró una quita que, según los cálculos, fluctúa en torno al 70 por ciento del valor nominal de los bonos de su deuda. Lo menos que debería hacer la Casa Rosada sería garantizar para Cuba el mismo trato que obtuvo con sus propios acreedores. Aunque eso sería lo mínimo. Lo correcto, lo que sería éticamente impecable, sería dar por cancelada esa deuda y de ese modo aliviar la carga que pesa sobre la hermana República de Cuba. Los 1147 habitantes de la Argentina que, gracias a la “Operación Milagro”, en el último año recuperaron gratuitamente su vista en el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara, de Córdoba, y los más de 20 mil alfabetizados que aprendieron a leer y escribir con el programa cubano “Yo sí puedo” son otras tantas razones para dar por cancelada esa deuda. Tal cosa sería un acto de estricta justicia. Y lo mismo deberían hacer los gobiernos de México, que mantiene acreencias del orden de los 500 millones de dólares; Panamá, 200 millones; Brasil, 40 millones; Trinidad Tobago, 30 millones; y Uruguay, también con 30 millones.
¿Por qué de estricta justicia? Por varias razones. Expondremos simplemente dos. En primer término, como equitativa retribución por el generoso e inigualado internacionalismo cubano que llevó a esa revolución a trascender sus fronteras, sembrando de médicos, enfermeras, dentistas, educadores e instructores deportivos por todo el mundo, mientras el imperio y sus aliados lo saturaba con militares, “comandos especiales”, espías, agentes de inteligencia, policías y terroristas. A lo largo de las últimas décadas, Cuba envió al exterior unos 135 mil profesionales de la salud a más de cien países de todo el mundo, especialmente Latinoamérica, el Caribe y Africa, pero también los hay en Asia. Los médicos cubanos estaban en Haití desde mucho antes de su fatídico terremoto y luego de él aumentaron su presencia, mientras que Estados Unidos enviaba marines.
La ayuda cubana para combatir la enfermedad y prevenir las muertes en tantos países fue –y es– concreta y efectiva. Ahora, los pueblos y naciones del tercer mundo deben correr a asistir a ese faro de la liberación nacional y social, que desde hace más de medio siglo inspira e ilumina las más nobles luchas de nuestros pueblos. Y deben hacerlo con una solidaridad militante, traducible en ayuda económica efectiva. Las declaraciones serán bienvenidas, pero insuficientes.
En segundo lugar, hay una obligación moral de ayudar a Cuba porque, pensemos, ¿qué hubiera sido de nuestros países si su revolución no hubiese resistido a pie firme, sin arriar sus banderas, las presiones del imperialismo y la derecha mundial una vez producida la implosión de la Unión Soviética? Con una Cuba de rodillas, vencida e inerme ante la restauración del saqueo neocolonial a la que había sido sometida desde 1898; con sus sueños y utopías humanistas vapuleados por el retorno triunfal de las mafias capitalistas como las que, por ese entonces, estaban asolando a la difunta Unión Soviética; con la revolución y la creación de una sociedad solidaria anatemizadas como irresponsables ensoñaciones de falsos mesías que inexorablemente culminan en una infernal pesadilla, ¿habría sido posible el trascendental cambio ideológico-político materializado en el ascenso y consolidación en el poder de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, para no mencionar sino los casos más significativos? Más aún, sin el estímulo emanado de la heroica resistencia de Cuba, de su “mal ejemplo” evidenciado en tasas de mortalidad infantil menores que las de Estados Unidos, a pesar del bloqueo y las agresiones, ¿habría sido posible el auge de la muy moderada centroizquierda en países como la Argentina, Brasil y Uruguay a comienzos del nuevo siglo? ¡De ninguna manera! Si estos avances fueron posibles fue, amén de las causales propias de cada caso, porque Cuba resistió. Si hubiese capitulado y sido convertida en un protectorado norteamericano, el tsunami derechista habría arrasado esta parte del mundo. Gracias a Cuba, nuestros pueblos evitaron tamaña catástrofe.
Por eso, aparte de anular las deudas existentes con los países de la región, los acreedores tanto como quienes no lo son deberían crear sin dilación un fondo especial de solidaridad con la Revolución Cubana. Estados Unidos lo hizo para salvar a los europeos de la debacle después de la Segunda Guerra Mundial, y su éxito fue extraordinario. El Plan Marshall satisfizo plenamente las expectativas que había despertado y las economías europeas se recuperaron rápidamente. Cuba, castigada con dos planes Marshall en contra –tal es, hasta ahora, el costo del bloqueo norteamericano sobre la frágil economía cubana– merece con creces un gesto similar de sus hermanos latinoamericanos. Estos cuentan con enormes reservas en sus bancos centrales. En 2007, el presidente ecuatoriano Rafael Correa calculó que las reservas existentes en la región rondarían en torno de unos 200 mil millones de dólares y esa cifra no ha dejado de crecer en los años posteriores. Una estadística suministrada por el FMI indica que a fines de 2009 las reservas internacionales de la Argentina ascendían a 49.599 millones de dólares, 238.520 millones en Brasil, 90.837 millones en México, 26.115 millones en Chile, 24.991 millones en Colombia, 32.803 millones en Perú y 35.830 millones de dólares en Venezuela.
Sin duda alguna, con los aumentos registrados en 2010, las reservas combinadas de estos países –más otros, como Bolivia, Ecuador y Uruguay, no contemplados en la estadística– superarían holgadamente los 500 mil millones de dólares. De ahí la enorme importancia de poner en marcha cuanto antes el Banco del Sur, todavía trabado por pretextos burocráticos y por la miopía política de que hacen gala algunos gobiernos. Afectando apenas el 2 por ciento de tan fabulosas reservas se podría crear, sin mayor esfuerzo, un fondo especial de 10 mil millones de dólares destinado a financiar el complejo proceso de reformas económicas socialistas que Cuba debe llevar a cabo impostergablemente en los próximos meses. Sería un gesto de merecida reciprocidad ante la probada solidaridad cubana con nuestros países a lo largo de cinco décadas; y también un acto de calculado altruismo para lo cual sólo hace falta voluntad política, porque el dinero ya está. ¿O es que algún gobernante de la región puede ser tan ingenuo como para no darse cuenta de que, si la Revolución Cubana fuese derrotada, el imperio se abalanzaría con todas sus fuerzas sobre nuestros países, sin distinción de pelajes ideológicos, para recolonizar a sangre y fuego el continente y restaurar el orden que Fidel y el Movimiento 26 de Julio vinieron a impugnar el 1º de enero de 1959?
* Politólogo.

Después del Copyright

El Cultural


La industria de la cultura recordará los últimos diez años como los de las guerras de la propiedad intelectual. La aparición del intercambio de archivos en Internet, un fenómeno que les desbordó por completo, lanzó a discográficas, sociedades gestoras y productoras de cine a una cruzada por proteger a todo coste la concepción tradicional del derecho de autor, aunque muchas veces le supusiese enfrentarse con su propio público.

Durante esta pasada década en la propia Red se forja un discurso alternativo, que defiende que en un mundo digital copiable a la perfección hasta el infinito, compartir no puede ser robar. Proyectos como las licencias Creative Commons, con millones de usuarios en todo el mundo, fomentan un marco legal de “algunos derechos reservados”, en que se respete la autoría moral pero se posibilita un uso más flexible de la producción cultural, abierto a la reutilización y la remezcla.

Para el movimiento por la Cultura Libre, las industrias culturales sólo avanzarán hacía el futuro si dejan de pretender que nada ha cambiado y en vez de restringir la circulación de obras y perseguir a cualquier precio a los que descargan, desarrollan un modelo que no se base en poner un precio fijo a cada ejemplar. La pregunta obvia es ¿Cómo? ¿Cuál sería ese posible modelo y cómo pagaría a editores y creadores? Esta cuestión ha sido casi monográfica en el Free Culture Forum de Barcelona, un encuentro que por segundo año ha reunido a muchos de los principales ideólogos del movimiento por el conocimiento y la cultura abierta.

Algunos podrían decir que el pragmatismo ha llegado al ámbito de la creación en Internet cuando, tras pedir que se libere la cultura y no se criminalice a los internautas, el FCF ha pasado a preguntarse en voz alta cómo puede hacerse a la cultura libre económicamente sostenible.

Las vías de sostenibilidad
Si la pregunta puede hacerse ahora es porque hay un buen número de experiencias en desarrollo ofreciendo alternativas posibles, de las que se puede aprender: donaciones voluntarias, como las que sostienen la Wikipedia; sistemas de “micropatronazgo” para apoyar el desarrollo de proyectos nuevos, micropagos que premian el trabajo bien hecho en la Red o apoyo por parte de empresas, como las que reciben los desarrolladores de software libre. Una propuesta llamativa es la de la discográfica Magnatune, basada en “pagar por compartir”. Por 15 dólares al mes, no sólo se puede acceder a las miles de canciones de sus artistas, sino compartirlas con amigos.

Lo único en que se ponen de acuerdo los participantes en en Free Culture Forum es que no hay ni habrá un único modelo; lo que funcionará bien en unos casos no será válido para otros, y será necesario desarrollar una economía híbrida que sirva para forjar “un nuevo contrato social para la cultura”.

La solución más universal posible ha sido debatida hasta la extenuidad en Barcelona; se llama “flat rate” (tarifa plana) y consistiría en que los usuarios pagaran una cantidad mensual fija a distribuir entre los creadores, para compensar por la libre circulación de obras por la Red. Es lo que podría pasar en Brasil si se aprueba la propuesta de "Compartilhamento legal”, una iniciativa de reforma de la ley de propiedad intelectual que autorizaría expresamente la descarga de contenidos culturales de Internet a cambio del pago de esta tasa.

Las voces escépticas ante la flat rate declaran que genera una división entre “usuarios” y “creadores” que en Internet es artificial; según la organización activista francesa La Quadrature del Circle, el 20 por ciento de los usuarios de la Red producen alguna clase de contenido. Y una medida de este tipo sería imposible sin organismos que recaudan y repartan, demasiado parecidos a las tremendamente impopulares sociedades de gestión, como la SGAE. Volker Grassmuck, de la Universidad de Sao Paulo, cree que es posible diseñar otras clases de gestoras de derechos, “altamente automatizadas, transparentes, eficaces y democráticas, y que estén sometidas a escrutinio público”.

Contra la "flat rate"
Peter Sunde es una de las voces en contra de la “flat rate”, porque considera que es imposible sin una monitorización absoluta de los contenidos que circulan por la Red. Sunde es uno de los responsables del estado actual de las cosas como fundador de The Pirate Bay, una de las webs para el intercambio de archivos más populares de la Red. Mientras pelea en los tribunales contra la industria de los contenidos (“estamos en juicio y lo estaremos durante muchos años”), está aportando posibles soluciones a través de su nueva iniciativa, Flattr. El proyecto pretende hacer fácil y sencillo donar pequeñas cantidades de dinero a los creadores de cualquier contenido en internet; desde un artículo en un blog a un video en Youtube. Los usuarios decidirían qué cantidad quieren contribuir al mes y cada vez que deseasen recompensar a un autor harían click sobre un icono que aparecería en cada página, de la misma manera que pulsan en la opción “me gusta” en Facebook. Al final de mes, la cantidad se repartiría entre todos los “premiados”.

El creador de Flattr no sabe si su propuesta será una solución definitiva a las guerras del copyright, pero tampoco cree que ese sea la cuestión central. “No se trata de encontrar LA solución, sino de decidir cómo queremos que sea el mundo dentro de diez años, y avanzar en esa dirección, aunque sepamos que no va a contentar a todos”. 


http://www.elcultural.es/noticias/ARTE/1011/Despues_del_Copyright